CPP CAMILO FILARTIGA

La validez del principio de irretroactividad de las Leyes

2010-05-04T10:47:00.001-07:00

El día 22 de setiembre del año 2.004 se promulgó en la Cámara de Senadores la ley No. 2460 que establecía en cuatro años la duración de las funciones de autoridades municipales a ser electas en los comicios del año 2006. El hecho de referirse a las autoridades “a ser electas” no es un dato menor y significa que las consecuencias jurídicas de dicha ley tendrán sus efectos a futuro…. (Principio universal del derecho es aquel que dispone que las leyes rigen para el futuro y que no pueden tener efectos retroactivos, salvo contadas excepciones).

El art. 14 de nuestra Constitución Nacional dispone cuanto sigue: “Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o al condenado.” Lo que se busca precautelar es el riesgo de que los efectos jurídicos de una ley con carácter retroactivo incidan sobre aquellos hechos jurídicos ya producidos al amparo de una norma anteriormente vigente, en resguardo de la seguridad jurídica.

Pese a estas consideraciones el Congreso Nacional resolvió aprobar el proyecto por el cual se amplía un año más el mandato de los intendentes, ¿Cómo puede entonces explicarse semejante decisión? ¿Cómo puede pensarse en un Estado de Derecho consolidado en nuestro país, si las leyes son borradas y modificadas según la mayor o menor presión que pueda ejercer un grupo de personas? Es intolerable que pueda legislarse violentando el orden jurídico y modificando hechos consumados.

Se habla de la intención de implantar una democracia participativa. ¿Será que el pueblo fue consultado en cada municipio si deseaban que sus autoridades locales sigan un año más? Ya que se había decidido caer en la grosera retroactividad de la ley, al menos se hubiese pensado en algún mecanismo de consulta popular… para de esa forma legitimar la decisión.

Realmente no dejan de sorprender ciertos manejos y decisiones políticas, un diputado justificó la acción sin mayores fundamentos alegando que “todos los ejecutivos deben tener cinco años, los intendentes, legisladores...” calificando de inconstitucional la normativa vigente. Esa fue toda su explicación, extraña justificación, cuando que en realidad no es una exigencia constitucional que los mandatos coincidan, y además es saludable por más de una razón que así sea.

La posibilidad de revertir esta situación queda ahora en manos del Presidente de la República quien deberá tomar una decisión ajustada a criterios jurídicos y no a conveniencias políticas de ningún sector, para de esa forma recomponer el orden jurídico dando una señal inequívoca de compromiso absoluto con el Estado de Derecho.

La imperiosa necesidad de trascender los límites partidarios

2010-05-04T10:44:00.000-07:00

La cultura política en el Paraguay desde siempre se caracterizó por lo adversarial, por el conflicto, por la defensa a ultranza de la parcela que corresponde a cada sector político. Posiblemente de un tiempo a esta parte dicha actitud mezquina se haya profundizado a niveles en los que hoy nos encontramos.

La característica esencial de toda comunidad política es la posibilidad del disenso, del debate, y en ese sentido los partidos políticos representan las ideas y sentimientos de grandes sectores de dicha comunidad política, sirven como plataforma en donde se plantean las posiciones y formas determinadas de ver la realidad y actuar de acuerdo a ello. Esto es correcto, inevitable y además saludable para todo sistema que se precie de ser democrático.

La distorsión se produce cuando en la dirigencia política no existe capacidad para ver más allá de las diferencias e intereses particulares, cuando no son capaces de distinguir que por encima de los intereses que defienden existen los intereses nacionales que no pueden detenerse ni mucho menos subordinarse a las cotidianas rencillas por el poder.

Al consultársele sobre el tema, Pepe Mujica expresó cuanto sigue…. “El partidismo hay que saber manejarlo, porque si uno se deja arrastrar por él, éste toma un carácter, no de pasión, que es sana, sino de fanatismo, y ahí podes hacer cada tajo que puede ser irreparable, la política en un sistema representativo es una negociación permanente…hay que aprender a vivir con las contradicciones” y lo dice nada más y nada menos un ex guerrillero, que aprendió a entender la lógica de lo que significa vivir en democracia y la necesidad imperiosa de negociar en política para alcanzar los objetivos.

En ese sentido tanto Uruguay como Chile son ejemplos de cómo, en momentos históricos puntuales, la clase política comprendió lo realmente primordial para que luego todo lo demás funcione: y esto tiene que ver con priorizar los grandes intereses nacionales. En ambos casos, y merced a la enorme cultura democrática, sobre todo en el Uruguay, se pueden hablar de experiencias exitosas de respeto a los intereses nacionales en primer lugar por encima de lo partidario o sectario.

Ya Teodosio González en su libro “Infortunios del Paraguay” advertía sobre la incapacidad de los dirigentes políticos en nuestro país para establecer acuerdos, agendar temas comunes de interés nacional y trabajar sobre ellos, al respecto sostenía cuanto sigue: ”Desde la conclusión de la guerra, los destinos del Paraguay han estado en manos de politiqueros y no de políticos. Después de sesenta años de acción, en que los partidos políticos en el Paraguay se sucedieron, sumándose, restándose, multiplicándose y dividiéndose, se puede afirmar que ellos pensaron menos en la patria, que en sus círculos y en sus personas y que no emplearon el poder, sino para aprovecharse de sus ventajas.”

Por tanto, con esto queda de manifiesto que nuestra cultura política actual es nada mas la continuación de lo que viene ocurriendo en el país desde hace 50 o más años y es sobre esto que se debe trabajar.

El País necesita hoy, quizá como nunca, de sus mejores hombres y de los mayores sacrificios.
Analizar los acontecimientos desde la óptica de una visión país que trascienda lo meramente partidario, es una deuda pendiente de nuestra clase política.

La instauración del debate ideológico y la distorsión de la democracia

2010-05-04T10:43:00.000-07:00

Con la negativa del Presidente de la República, a firmar el acuerdo democrático suscripto por los líderes de los principales partidos políticos, quedó en evidencia el abismo conceptual que existe en relación a las formas de democracia válidas, entre una mayoría importante de los líderes políticos más representativos , el Presidente de la República y quizá, su anillo más cercano.

En este sentido, es importante entender el momento histórico que vive el Paraguay y los desafíos que actualmente se presentan en términos de construcción de valores democráticos. Como no pasaba desde hace mucho, el debate ideológico se hace presente en la realidad política nacional con una fuerza inusitada, posiblemente a raíz del gran tsunami que representó la caída del partido hegemónico en el poder luego de larguísimos años.

La victoria de Lugo necesariamente iba a sacudir las estructuras de poder gubernamental, exigiendo al mismo tiempo la revisión de temas que por mucho tiempo estuvieron en un segundo plano, por falta de voluntad política manifiesta de quienes ostentaban el poder en esos tiempos, o simplemente por incapacidad o desidia para abordarlos, la reforma agraria, la soberanía nacional en Itaipu y Yacyretá, la reforma educativa son algunos de los temas que desde la asunción del gobierno de Fernando Lugo han tenido una presencia casi constante en la discusión política.

El otro aspecto que, desde la aparición de Lugo en el plano político se presenta, es el ideológico, y en este sentido, hoy está más instaurado que nunca con la negativa del Presidente a firmar un acuerdo democrático que contiene no sólo citas formales sobre aspectos constitucionales que establecen el tipo de Estado que tenemos sino, por sobre todas las cosas, define el modelo de democracia, las características principales del sistema democrático que adopta nuestro país constitucionalmente.

El Presidente Lugo no solo se negó públicamente a suscribir el acuerdo, sino que lo hizo argumentando las razones de dicha negativa, y aquí es donde se complica el tema, puesto que evidencia, según sus propias expresiones públicas, la intención de implantar un modelo DISTINTO AL ACTUAL.

¿Y cuáles son las características formales del modelo de democracia actual? El respeto irrestricto a la Constitución y las leyes, la división de poderes, la libertad de expresión, el respeto a la propiedad privada, la justicia social, la participación ciudadana a través del sufragio como principal herramienta de poder, la libre existencia de partidos políticos que aseguren una pluralidad de opciones, es decir una “democracia Burguesa” según las propias palabras del Presidente y a la cual el no va a atenerse por no estar de acuerdo. Se entiende que el calificativo de burgués es usado en un sentido peyorativo, descalificativo, del mismo modo en que lo hace Chávez cuando habla de cerrar campos de golf en Venezuela por considerarlo un deporte “burgués”.

En este punto es importante insistir en esto, es más que evidente que tenemos un sistema democrático absolutamente limitado, frágil, y con numerosos aspectos que deben revisarse y mejorarse si es necesario, pero eso no justifica la negación total del sistema en sí mismo, ni mucho menos buscar reemplazarlo por otros mecanismos supuestamente más democráticos pero que a la larga terminan validando procesos autoritarios en nombre de la “soberanía popular”.

Sería importante que desde el Ejecutivo se aclare entonces cuál es la democracia que están buscando implementar para el Paraguay… una participativa al estilo Venezuela de Hugo Chávez, o de Correa en Ecuador? Que basan la participación del pueblo en organizar escuadrones civiles para escrachar o atentar contra todo aquel que piense distinto al régimen? Porque si lo que se pretende es dar mayor CONTENIDO a la democracia, profundizarla, no se explica la negativa del Presidente de firmar el acuerdo democrático, en el que se defiende la DEMOCRACIA por encima de los calificativos de representativa o participativa, que en el fondo no se excluyen una de otra sino todo lo contrario pueden COMPLEMENTARSE armoniosamente y de hecho en la Constitución Nacional ambas están incorporadas con ese espíritu.

El Presidente equivocó el camino, por decisión propia o lo que es peor por asesoramiento, en lugar de adoptar esta actitud reactiva, hubiese sido interesante verlo en una actitud más propositiva, convocando a los interesados en firmar el acuerdo y en todo caso sugiriendo los cambios que creía convenientes. Lo que se espera del Presidente de la República son actitudes de liderazgo político, y que se constituya en el coordinador principal de las intenciones de los distintos sectores, capaz de moderar las diferencias hasta con sus opositores de turno.

La polarización de la sociedad, basada en falsas premisas ideológicas, como ocurre en Venezuela no es el camino indicado para profundizar los cambios que nuestro país requiere, los valores democráticos son siempre los mismos, provengan de un modelo representativo o participativo, lo que debemos hacer como ciudadanos es estar atentos y dispuestos a defenderla de quienes pretenden distorsionarla.

(Agosto de 2009)

Del estado de excepción y sus alcances

2010-04-26T09:03:00.000-07:00

Por estos días la decisión del Ejecutivo de implantar el estado de excepción en cinco departamentos, recurriendo para ello al Parlamento Nacional, mediante un proyecto de ley, fue sumamente discutida sobre todo por la oposición.

En este sentido es importante mencionar que el art. 238 (inc. 12) faculta claramente al Poder Ejecutivo a “proponer al Congreso proyectos de ley, los cuales podrán ser presentados con solicitud de urgente consideración….” De esta forma el cuestionamiento hecho al Ejecutivo sobre porque recurrió al Congreso y no emitió directamente un decreto para implantar el Estado de excepción carece de consistencia en sí misma.

En relación a la figura del estado de excepción ya en la discusión de los convencionales de 1.992 fue sumamente debatida en cuanto a sus alcances. En este sentido es importante definir al estado de excepción como el procedimiento que posibilita que un gobierno democrático, con los debidos controles, restrinja ciertos tipos de derechos en forma transitoria y siempre bajo el control jurisdiccional.
Ahora cuáles son esos derechos restringidos, entre los más importantes se pueden destacar los de libre reunión, manifestación y tránsito y lo concerniente al art. 11 que garantiza que nadie será privado de su libertad física o procesado, sino mediando las causas y en las condiciones fijadas en la Constitución Nacional.

En un Estado de Excepción se faculta al Poder Ejecutivo a ordenar por decreto, Y EN CADA CASO, la detención de las personas indiciadas en los hechos que originan la implantación de dicho estado. Afortunadamente el artículo constitucional también dispone la vigencia plena del habeas corpus, garantizando con ello que nadie será detenido en forma ilegal o injustamente, y en el caso que así fuera tener la posibilidad de recurrir a esta figura constitucional.

En algunas constituciones se llegó hasta el punto de eliminar el “hábeas corpus” en el marco del estado de excepción, lo que trajo consigo enormes violaciones a derechos humanos fundamentales.

En relación a los artículos constitucionales que se mantienen vigentes pese al estado de excepción, podemos mencionar al art. 5º. “de la tortura y otros delitos”, art. 12 “De la detención y el arresto”, art. 16 “De la defensa en juicio”, art. 17 “De los derechos procesales”, art. 21 “de la reclusión de las personas”. El hábeas corpus, la supremacía de la constitución nacional y la validez del orden jurídico son otros preceptos constitucionales que se mantienen inalterables pese a la implantación y vigencia de un estado de excepción.

Finalmente, como ciudadanos debemos estar atentos, pese al actual estado de cosas, violencia y muerte promovida desde grupos radicalizados como el EPP, en no permitir excesos en las medidas que se pueden adoptar durante su vigencia y que son los siguientes:
- La detención de las personas indiciadas de participar en los hechos que justificaron la implantación del estado de excepción.
- Su traslado de un punto a otro de la República, y
- Prohibir o restringir manifestaciones.